27 de mayo de 2021
Protesta contra el gobierno en Bogotá, 5 de mayo de 2021. REUTERS/Luisa Gonzalez/ AgIencia Brasil – EBC
Stefan Pohl Valero | Profesor Asociado de la Universidad del Rosario, Colombia
¿Qué está pasando en Colombia? ¿Por qué llevamos cerca de un mes de protestas sociales masivas, bloqueos en las carreteras, represión brutal por parte de la fuerza pública y una escalada de violencia urbana? El detonante fue un proyecto de reforma tributaria propuesto por el gobierno nacional el mes pasado y que, en buena medida, recargaba en las clases medias y medias bajas el esfuerzo colectivo necesario para financiar las exiguas arcas fiscales duramente golpeadas por la crisis económica del último año de pandemia. Evidentemente, ni la causa de la crisis actual ni su solución se centran en reajustar los impuestos que pagamos –por más necesario que sea. En primer lugar, el profundo descontento social hacia el gobierno actual se había manifestado con claridad mucho antes de la mencionada reforma, en noviembre de 2019, cuando sindicatos, estudiantes y profesores, grupos feministas, campesinos, indígenas y comunidades afro salieron masivamente a la calle como no se había visto en Colombia en su historia reciente. Y, en segundo lugar, la rápida decisión del gobierno de retirar la reforma y la consecuente renuncia del artífice a su cargo, el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, no supusieron un apaciguamiento de los ánimos ni de las demandas exigidas.
Las razones del desespero que está lanzando a las calles a miles de personas, pese a los riesgos de la pandemia, los excesos de la policía y las balas de “justicieros” privados, son múltiples y complejas; pero no son difíciles de ver. Una de ellas es justamente la inmensa miopía del gobierno: su incapacidad de comprender la realidad de la mayoría de los colombianos y su insistencia en gobernar al país como lo hiciera Álvaro Uribe hace casi 20 años. Por precaria que haya sido su implementación, el Acuerdo de Paz empoderó a la gente de a pie y permitió que salieran a flote una serie de problemas más allá del conflicto armado. Silenciados los fusiles, la pobreza (agudizada posteriormente por la pandemia) y la tremenda inequidad colombianas empezaron a retumbar con fuerza.. Como recuerda Sergio Jaramillo, uno de los principales gestores del Acuerdo, la protesta social fue claramente vislumbrada durante las negociaciones como una situación inherente al proceso de transición hacia la paz, e incluso se elaboró un proyecto de ley para “garantizar los derechos de los y las manifestantes y de los demás ciudadanos y ciudadanas” (1)
Pero el gobierno de Iván Duque se rehúsa a reconocer este nuevo escenario, o lo acomoda a intereses partidistas. Su narrativa de la situación actual es una de orden público e insurgencia, con lo cual se invisibiliza y desconoce la protesta pacífica y el descontento popular, a la vez que se tiende a criminalizar a todo aquel que ose criticar al gobierno y su partido, el Centro Democrático. Uno de los primeros mensajes en redes sociales del jefe de ese partido, Álvaro Uribe, luego de que se iniciara el paro el 28 de abril fue apoyar “el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico” (2). Twitter eliminó el trino por “glorificación de la violencia”, pero un par de días después Uribe volvió a arremeter bajo la consigna de que había que resistir la “revolución molecular disipada”, la cual parecía estar expandiéndose por toda Colombia. Con esta extraña terminología, Uribe apuntaba a una doctrina de extrema derecha que entiende que las manifestaciones populares tienen como finalidad poner en riesgo el orden institucional y democrático del Estado, con lo cual deben ser manejas como una cuestión de seguridad nacional (3).
No hace falta semejante teoría para condenar y controlar con toda la fuerza de la ley las protestas violentas y sus saqueos, destrozos y bloqueos. El problema es que la fuerza pública parece en ocasiones más preocupada por avivar la violencia que por controlarla. No de otra forma se entiende su uso excesivo de la fuerza y los reiterados sucesos de violación de derechos humanos en los que ha incurrido. Las escalofriantes cifras recopiladas hasta la fecha por la ONG Temblores parecieran, en efecto, corroborar la idea según la cual la Policía está librando una lucha contra una supuesta fuerza terrorista y no cumpliendo su deber constitucional de protección a la sociedad civil: 43 muertes ocasionadas presuntamente por la policía, 855 víctimas de violencia física, 1264 detenciones arbitrarias, y 18 víctimas de violencia sexual (4). Por su parte, la Fiscalía ha indicado que, de las 43 personas muertas durante las protestas, sólo 17 de ellas están relacionadas directamente con las movilizaciones, mientras que de los 379 ciudadanos reportados como desaparecidos, 129 siguen sin aparecer (5). Las imágenes de “gente de bien” de Cali disparando, al lado de policías, a un grupo de indígenas que se había movilizado a esa ciudad (6), parecieran también indicar que, para algunos, estamos asistiendo a una invasión “molecular” de insurgentes que es necesario repeler como sea y no a una compleja y profunda crisis social y económica que no da tregua. Las recientes declaraciones del ministro de Defensa, Diego Molano, de que los bloqueos en las vías públicas debían ser entendidos como actos terroristas, fueron criticadas, incluso, por el líder del partido liberal –que en muchas cuestiones es cercano al gobierno– como una “licencia para matar” (7). Esto adquiere mayor gravedad si se tiene en cuenta que en Colombia la policía depende de este ministerio y que Molano ha sido incapaz de condenar los excesos e imponer orden a las fuerzas que dirige.
En medio de esta narrativa de terrorismo vandálico que quiere acabar con la misma democracia –y que el problema que tenemos es fundamentalmente uno de orden público–, el gobierno atraviesa una crisis política alarmante. Además del ministro de Hacienda, la ministra de Relaciones Exteriores y el Alto Comisionado para la Paz renunciaron. Por su parte, el ministro de Defensa ha sido citado por el poder legislativo (senado y cámara) para que responda por las múltiples denuncias de abuso y violación de derechos humanos por parte de la fuerza pública. Luego de que el gobierno retirara su propuesta de reforma tributaria, el congreso hundió el proyecto de reformar el sistema sanitario, que se venía diseñando desde el año pasado. Aunque criticado desde sus inicios por diversos gremios del sector salud y organizaciones de pacientes como una iniciativa del gobierno regresiva frente al derecho fundamental a la salud, fue sólo en el contexto del paro nacional que el grueso de los parlamentarios le retiró su apoyo (8). Ya se oyen voces que piden la renuncia del ministro de Salud, algunas aludiendo al fracaso de la reforma, y otras apelando a la lentitud en el programa de vacunación contra la covid-19 e, incluso, a su politización (9).
Adicionalmente, existe una percepción extendida de que la independencia y autonomía de instituciones estatales como la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo están seriamente minadas por la cercanía de sus directores al gobierno central y por su cuestionado desempeño. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al gobierno una autorización para evaluar la situación de derechos humanos en el país y poder acompañar a estos organismos de control para una adecuada vigilancia y respuesta a la violación de DD.HH. La vicepresidente, y recién nombrada Canciller, Martha Ramírez, viajó este lunes a Washington para reunirse con la CIDH e informarle que su gobierno no autorizaba, por el momento, la visita solicitada (10).
Tanto ella como Duque han insistido en una narrativa que condena vehementemente el vandalismo y el caos (cuestiones que indudablemente han ocurrido durante las protestas), pero que desconoce la voz de miles y miles de personas cuya situación es absolutamente desesperada, a la vez que evitan nombrar y deplorar las múltiples víctimas del Estado. El único “otro” digno de mención es un supuesto enemigo interno que no los ha dejado gobernar.
En una reciente “entrevista” a Duque, orquestada por la oficina de comunicación de Presidencia, éste asegura que su mayor rival en las elecciones del 2018 había prometido que iba a estar en las calles protestando durante todo su periodo presidencial y que se está instrumentalizando la crisis para desestabilizar el país y poner en el poder en las próximas elecciones (2022) a un promotor del caos. Más allá de las imprecisiones de la auto-entrevista, este episodio menor simboliza muy bien la actitud de Duque y su gobierno. La supuesta entrevista es un monólogo del presidente en ¡inglés! Después de varias reuniones y diálogos con diferentes representantes del paro, su diatriba en este idioma es completamente sorda a un estallido social que, en su mayoría, es espontáneo e independiente de supuestos caudillos conspiradores. Opositores de Gustavo Petro han coincidido en señalar lo “aterrador del grado de desconexión” de Duque con la realidad del país y su afán por buscar justificaciones y chivos expiatorios de su pobre gobierno (11). No es difícil imaginar la escalada de indignación y rabia de amplios sectores de la ciudadanía frente a estas expresiones de indiferencia y desprecio hacia ellos. Un grupo central de las protestas han sido los llamados “nini”: jóvenes que ni trabajan ni estudian. Se trata de toda una generación de excluidos que no tiene nada que perder y cuyo futuro es completamente sombrío. Sin acceso a educación y sin posibilidad de un trabajo digno resulta especialmente hiriente que el presidente prefiera hablar en inglés para intentar victimizarse frente a la opinión internacional que explicar, por ejemplo, las múltiples dudas que ha generado el anuncio de matrícula gratuita para jóvenes pobres que quieran acceder a la educación superior pública (12).
Ciertamente, las narrativas de una situación no son su causa, pero ayudan a moldearla e inciden en su desenlace. Hace 70 años, Colombia vivió un estallido social que escaló la violencia del país y fue una incubadora del largo conflicto armado que el Acuerdo de Paz intentó superar. Las causas de la llamada “La Violencia” de esa época han acaparado a las ciencias sociales colombianas por décadas, pero quizás valga la pena recordar un episodio menor pero significativo de la narrativa oficial de la crisis social de aquel entonces.
A finales de la década de 1940 la represión estatal había atizado levantamientos urbanos y conflictos rurales. La violencia bipartidista entre liberales y conservadores permeaba la vida de miles de personas y algunos líderes políticos de ambos bandos buscaban algún tipo de “convivencia” que sólo se cristalizaría una década después con el inicio del llamado Frente Nacional: un pacto político entre liberales y conservadores para alternarse en el poder. En todo caso, con el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, en 1948, aquella idea de convivencia pareció desmoronarse hasta el punto de que se gestó una guerra civil entre las tropas del gobierno conservador y las guerrillas liberales. Por lo pronto, no obstante, ambos partidos coincidieron en la narrativa que explicó los graves disturbios sociales que ocurrieron en Bogotá luego de la muerte de Gaitán. Se aseguró que el reinante “estado de exacerbación política y criminalidad” se desprendía de una condición patológica del pueblo bogotano debido al consumo de chicha. El ministro de Salud, el liberal Jorge Bejarano, apeló a un estudio químico realizado a finales del siglo XIX para asegurar que la bebida fermentada de maíz tenía una toxina que afectaba las condiciones físicas, intelectuales y morales de las personas que la bebían. En esta ocasión, el causante del estallido social fue el efecto tóxico de la popular bebida amarilla. El congreso aprobó una ley que prohibió, en la práctica, su producción y expendio, transformando, por decreto, una tradición alimentaria que sería reemplazada por la cerveza.
Stefan Pohl Valero es profesor asociado de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia), editor de la Sección de Estudios Sociales de la Salud de la Revista Ciencias de la Salud, y editor adjunto de la Revista História, Ciências, Saúde-Manguinhos.
Posiblemente las protestas sociales de aquellos días no aportaron mucho para transformar el estatus quo, pero con seguridad la prohibición de la chicha simbolizó el profundo desprecio e indiferencia con que los líderes políticos de nuestro país insisten en tratar a la mayoría de sus gobernados. No hay soluciones fáciles al atolladero en el que nos encontramos en la actualidad, pero los eufemismos y chivos expiatorios a los que suelen recurrir muchos de nuestros dirigentes (pueblo enchichado, falsos positivos, terrorismo vandálico, revolución molecular) no sólo reflejan un profundo cinismo y falta de empatía en la forma de explicar las revueltas populares, sino la negación a reconocer una sociedad profundamente fragmentada y con problemas estructurales de pobreza, inequidad y violencia. Sin duda, el esfuerzo por construir narrativas que intenten integrar las complejas y diversas realidades del país es una tarea colectiva urgente que nuestros políticos y dirigentes deben fomentar y adoptar efectivamente. Y que nosotros, como sociedad civil, debemos demandar.
- https://www.elespectador.com/politica/una-nueva-agenda-nacional-analisis-del-excomisionado-para-la-paz-sobre-el-paro
- https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/twitter-borra-trino-de-expresidente-alvaro-uribe-sobre-uso-de-armas-585173
- https://cnnespanol.cnn.com/2021/05/06/revolucion-molecular-disipada-alvaro-uribe-protestas-colombia-orix/
- https://www.temblores.org/
- https://www.elespectador.com/judicial/paro-nacional-129-personas-permanecen-desaparecidas/
- https://elpais.com/internacional/2021-05-10/civiles-armados-disparan-a-grupos-indigenas-y-el-caos-se-apodera-de-cali.html
- https://www.elespectador.com/politica/cada-declaracion-del-mindefensa-sobre-el-paro-significa-una-licencia-para-matar-cesar-gaviria/
- https://carolinacorcho.com/2021/05/una-reforma-a-la-salud-inconveniente/
- https://lasillavacia.com/plan-vacunacion-se-tine-politica-81674
- https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/implicaciones-de-respuesta-de-colombia-a-solicitud-de-visita-de-la-cidh-590738
- https://olapolitica.co/opinion/who-are-you-talking-to-old-guy/
- https://www.elespectador.com/educacion/matricula-cero-aun-hay-varias-preguntas-por-resolver/
Como citar este texto: Pohl-Valero, Stefan. Las narrativas oficiales de la crisis colombiana. In: Revista História, Ciências, Saúde – Manguinhos (Blog). Publicado en 27 de mayo de 2021. Accedido en [fecha].
Última publicación de Pohl-Valero, Stefan: “The Scientific Lives of Chicha. The Production of a Fermented Beverage and the Making of Expert Knowledge in Bogotá, 1889–1939”, Osiris, 35 (2020)., University of Chicago Press.
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