25 de noviembre de 2020
José Ragas | Instituto de Historia – Pontificia Universidad Católica de Chile
Un manifestante sostiene una bandera durante las protestas tras la destitución del presidente Martín Vizcarra, en Lima, Perú, el 11 de noviembre de 2020. REUTERS / Sebastian Castaneda / Agência Brasil.
Para hoy, jueves 19 de noviembre, lo peor de la crisis en Perú ya pasó. Francisco Sagasti, elegido Presidente Interino por el Congreso, juramentó hace dos días y el día de ayer lo hizo su Gabinete. Da la sensación de que esto ocurrió hace mucho tiempo, pero en realidad comenzó el lunes 9 de noviembre, cuando el Congreso decretó la vacancia presidencial de Martín Vizcarra con 105 votos. Este procedimiento fue percibido como irregular por una gran mayoría de peruanos y de la opinión internacional. Según una encuesta difundida por la compañía IPSOS, el 88% de encuestados a nivel nacional se manifestó en contra de esta medida. No obstante, el Congreso persistió y nombró a Manuel Merino, Presidente del Congreso y político de poco brillo y miembro del partido Acción Popular, como nuevo Presidente para gobernar hasta el cambio de mando en julio de 2021.
No solo lo irregular del nuevo Gobierno de facto sino la elección de Ántero Flores Araoz como Primer Ministro y un Gabinete ultra-conservador y vinculado a corrupción y grupos anti-derechos, significó una provocación para la opinión pública. Rápidamente, hubo una auto-convocatoria de la sociedad civil para reunirse en diversos espacios públicos (especialmente la Plaza San Martín, en Lima) y manifestarse contra el nuevo Gobierno y el Gabinete. A medida que pasaron los días la situación se hizo más tensa. El nuevo Gobierno se veía aislado con escaso respaldo institucional y la renuncia de miembros del anterior Gobierno, quienes denunciaban numerosas presiones para dejar los puestos.
Las movilizaciones continuaron a nivel nacional y en lugares donde no se habían realizado movilizaciones antes, como en algunos barrios de clase alta de la capital. Los manifestantes llegaron incluso a los domicilios del Presidente de facto y de su Primer Ministro. Pero el sábado 14 de noviembre la manifestación se hizo más intensa, especialmente en la capital. Gracias a las encuestas de IPSOS y del Instituto de Estudios Peruanos, sabemos que cerca de un 13% de encuestados tuvo una participación directa, lo cual puede interpretarse como cerca de tres millones de personas salieron a las calles. Todo eso sin contar a menores de edad o aquellos que lo hicieron de manera digital y quienes participaron de los cacerolazos desde sus hogares debido a las restricciones propias de la pandemia.
Durante la noche, los enfrentamientos entre manifestantes y la policía arreciaron en el Centro de Lima. Los reportes enviados desde esa zona y reproducidos miles de veces por redes sociales permitieron conocer que había personas arrestadas y también heridas. En algún momento de esa larga noche, llegaron rumores sobre el fallecimiento de una persona, sin que se pudiese confirmar su identidad. Luego, información sobre una segunda víctima confirmaron el violento despliegue policial y las consecuencias que tuvo esta acción. Muy pronto, como consecuencia de esta noticia, los Ministros del régimen de facto, que habían juramentado apenas dos días atrás, comenzaron a renunciar. El domingo el Congreso decidió que el Gobierno de facto no iba más y el lunes comenzaron las negociaciones para un nuevo Gobierno interino.
Hay dos razones por las cuales esta protesta en particular rompe con el ciclo de movilizaciones que se han dado en los últimos veinte años, desde la caída de Alberto Fujimori y su huida a Japón en 2000. La primera está ya anunciada líneas atrás: se trató de la protesta más amplia en la historia republicana del país. Fue transversal a nivel de sectores socio-económicos pero protagonizada principalmente por jóvenes, tanto así que se conoce ahora como “Generación del Bicentenario” a quienes salieron a marchar, en alusión a los doscientos años del inicio de la república peruana que se conmemora en 2021. Si bien han habido diversos tipos de movilizaciones, estas han ocurrido por motivos diversos (ambientales, derechos de la mujer, reposición de fiscales, precariedad laboral, etc.) pero focalizados a veces en regiones específicas. Lo que queda por estudiar es cómo la corrupción articula diversas agendas sociales, políticas y de reivindicación que motivaron este último levantamiento popular por casi una semana y que aún continúa para reclamar sanciones contra los efectivos policiales que asesinaron a dos jóvenes el sábado pasado.
La segunda razón es que, sin habérselo propuesto, la protesta ha creado un “clima constituyente”, es decir, una corriente de opinión favorable a que se convoque a una Asamblea Constituyente que redacte y promulgue una nueva Carta Magna, que reemplace la de 1993 aprobada durante el fujimorismo. Si bien esto aún es incipiente, el descontento con la sección económica de la Constitución, que legitima el neoliberalismo y prácticamente coloca al mercado por encima del Estado, ha sido constante. Asimismo, la ambigüedad respecto de la figura de la “incapacidad moral” —que tampoco pudo ser zanjado por el Tribunal Constitucional— perpetúa un periodo de inestabilidad que puede ser utilizado por el Congreso para remover al Presidente en ejercicio, como ocurrió con Pedro Pablo Kuczynski en 2018 y con el mismo Martín Vizcarra ahora en noviembre de 2020.
Si bien puede parecer una coyuntura enteramente nacional, lo cierto es que hay rasgos que la protesta peruana comparte con otros países. De manera específica con Chile, con cuya experiencia del ‘Estallido Social’ parece haber servido como un referente indirecto (especialmente en las tácticas contra las bombas lacrimógenas y posiblemente en la demanda de una nueva Constitución, como ocurrió efectivamente en el país del sur). Pero también es posible establecer comparaciones con el accionar de la policía, sus métodos represivos y la necesidad de un cambio radical en la misma.
José Ragas es profesor en el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Ph.D. en Historia por la Universidad de California, Davis.
En Estados Unidos, la protesta por la muerte del ciudadano afro-americano George Floyd comenzó precisamente por la muerte de este a manos de la policía de Minneapolis. Actualmente, el movimiento “Defund the Police” ha cobrado más vigor y pide que los recursos financieros que se invierten en la policía y que al haberse triplicado en los últimos años, llegan a 115 mil millones de dólares en EEUU, según The Guardian. En Chile, la reciente renuncia del General Director Mario Rozas parece ser un avance en esa dirección, pero debido a la acción de Carabineros en el ‘Estallido Social’, con víctimas mortales y cientos de personas invidentes por uso de arma letal, es un tema aún en agenda. En Perú, esto se ha traducido en pedir la remoción de los altos mandos policiales responsables de la muerte de dos jóvenes así como en la eliminación del grupo “Terna” de policías infiltrados en las marchas y que fueron señalados como responsables de las desapariciones y arrestos de varios de los manifestantes.
Como citar este texto:
RAGAS, José. Crisis política en Perú: historia y movilización. In: Revista História, Ciências, Saúde – Manguinhos (Blog). Publicado en 25 de noviembre de 2020. Accedido en [fecha].
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