24/04/2020
Sección especial: Testimonios Covid-19 / Coronavirus and History
Karina Inés Ramacciotti, profesora de historia social en la Universidad de Quilmes e investigadora del Conicet.
Karina Ramacciotti en el taller por los 25 añoes de la revista Historia Ciências Saúde Manguinhos. La historiadora es editora adjunta de HCS-Manguinhos.
Frente al surgimiento de los primeros casos de coronavirus en la Argentina el 3 de marzo del 2020, las autoridades nacionales instaron a partir del 20 de marzo que todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él, en forma temporaria o definitiva, debían realizar el aislamiento social, preventivo y obligatorio para evitar el contagio. De esta manera, se impulsó un conjunto de cambios en las prácticas individuales y colectivas vinculadas a la higiene.
Estas medidas fueron tomadas con anticipación a la llegada de la mayor cantidad de casos de infectados para, según las autoridades sanitarias, ganar tiempo y, así, lograr hacerse del equipamiento necesario, ampliar la capacidad de camas necesarias y evitar la sobresaturación del sistema de salud. Estas medidas de antelación contaron con el apoyo de la comunidad de científicos a nivel local e internacional y, se tomaron según las recomendaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud y de las experiencias de los países más afectados. El aislamiento, ante la ausencia de vacuna ni de tratamiento, es la única medida que demostró cierta efectividad a la hora de menguar la propagación del virus.
El impacto de la COVID-19 no discrimina en cuanto origen étnico, edad, género, tiene una mayor preponderancia de mortalidad entre adultos mayores y, como esta siendo demostrado, quienes están al margen del acceso sanitario tienen mayores posibilidades de sufrir las consecuencias de la enfermedad. Es este último punto en el que me gustaría detenerme. La forma que se constituyó el sistema de salud en la Argentina y la concepción en torno al acceso de la salud como un derecho y su admisibilidad gratuita y universal está puesto en juego, una vez más, ante la emergencia de esta pandemia.
Desde la constitución del Estado moderno en la Argentina a fines del Siglo XIX las instituciones sanitarias tuvieron un sostenimiento público, privado y por origen étnico. Por un lado, hasta la primera mitad del siglo XX, la demostración de ser pobre, por medio de un certificado que probara tal situación, fue uno de los requisitos que se solicitaba para la admisión en los hospitales administrados por la sanidad pública y por la Sociedad de Beneficencia. Habitualmente eran lugares destinados para esperar la muerte ya que tenían muy pocas capacidades de cura a causa de los altos niveles de contagio de las enfermedades imperantes y la tecnología de la época que daba pocas posibilidades para masificar la cura.
Por otro lado, se constituyeron hospitales comunitarios cuyo acceso estuvo dado por la nacionalidad y por los aportes que ellos realizaban; así surgieron el Hospital Alemán, Británico, Francés, Español. Por último, estaba el consultorio del médico, muchas veces instalado en su domicilio personal, lugar donde se podía dar algún tratamiento o brindar alguna farmacopea. El acceso a todas estas instancias convivió con vías alternativas de curar en manos de curanderos, barberos y las llamadas brujas.
A partir de los años cuarenta del siglo XX, y más particularmente durante la presidencia de Juan Domingo Perón (1946-1955), se generalizaron los avances tecnológicos y el hospital se convirtió en un centro de cura, prevención e investigación. Con estos cambios, en torno a como pensar el espacio hospitalario, se modificó su admisión. El ideal de la época y, a tono con lo que sucedía en otras latitudes en la Segunda Posguerra, el ser habitante del país daba derechos para la ciudadanía sanitaria. Este concepto quedó plasmado en la reforma de la Constitución Nacional en 1949 ya que la salud sería un derecho social de acceso universal y gratuito.
Esta concepción se combinó con la construcción de hospitales ligados al vínculo laboral; así surgieron entre otros el Hospital Ferroviario, el Policlínicos de los Bancarios. Es decir, la rama de la actividad laboral fue una vía de acceso a las prestaciones de salud. Este sistema se combinó, a partir de la década de los sesenta, con la construcción de los hospitales privados en los cuales la admisión se determinó por la lógica del mercado.
El sistema de salud de la Argentina se ha caracterizado como mixto, por combinar las iniciativas públicas con las privadas, y fragmentado, por su falta de coordinación y articulación que atenta contra el uso eficiente de recursos y niveles aceptables de equidad en su cobertura. Además, el sistema público ha sufrido en las últimas década momentos de desfinanciamiento y de fuertes críticas en torno a su acceso gratuito. Durante la década de 1990 se realizaron reformas en el sector salud que tuvieron como rasgo sobresaliente la imposición de un discurso que fomentaba la libre competencia entre los sistemas –y las empresas– y la libre elección de los ciudadanos, profundizando el individualismo.
Por lo tanto, en términos discursivos se enunció la perentoria necesidad de profundizar la diferencia entre el sistema público de salud –destinado a los sectores más carenciados de la sociedad– con el sistema de las empresas de salud prepagas basadas en una lógica mercantil. Desde esta perspectiva el Estado sólo debería intervenir con el fin de aliviar los efectos de la pobreza y producir sólo aquellos servicios que los privados no pudieran o no quisieran desarrollar. De esta forma, se permitió cobrar aranceles a las prestaciones que se brindaban a los pacientes que tuvieran algún tipo de cobertura y sólo se mantuvo la gratuidad para las personas que carecieron de ella.
Dentro de este plafón de ideas el gobierno encabezado por la coalición Cambiemos (2015-2019) retomó esta línea de argumentos y fomentó a las iniciativas privadas en el marco de un contexto marcado por una campaña de desprestigio de lo público que tuvo como objetivo el intento de desmantelar las responsabilidades estatales en materia de salud, investigación y educación y avanzar en su desfinanciamiento. Entre algunas de las acciones tomadas por el presidente Mauricio Macri fue la de transformar el Ministerio de Salud Pública en Secretaría. Con esta medida, esta dependencia estatal pasó a estar bajo la tutela del Ministerio de Desarrollo Social lo que llevó implícito una reducción de la autonomía en la gestión y de partidas presupuestarias, en áreas en las cuales los recursos siempre son escasos para satisfacer demandas cada vez más complejas. También, se redujo la entrega de anticonceptivos en los centros de salud, se dificultó el acceso a las vacunas contra el sarampión y la Gripe A y se desmanteló gran parte de las prestaciones de salud destinadas a la tercera edad.
En esta situación en diciembre del 2019 asumió el gobierno Alberto Fernández, quien se identifica con el movimiento peronista, y a solo tres mees de asumir el cargo, en medio de una profunda crisis económica y social, se tienen que activar los mecanismos institucionales y presupuestarios para enfrentar la segunda pandemia del siglo XXI. Dentro de la agenda de gobierno la salud se puso como tópico central; según las palabras del presidente “De la economía se vuelve, de la muerte no se vuelve más”.
La contundencia de esta afirmación intenta contrarrestar las presiones de poderosos actores económicos y de ciertos medios de comunicación quienes sostienen la importancia de priorizar la economía antes que la salud. No obstante, el gobierno nacional ha tomado las riendas del diseño e implementación de la política sanitaria y mantiene una fuerte vocación por reconstruir los valores y el influjo que alguna vez supo tener el hospital público y la investigación científica. Dicha gesta no es fácil, los insumos críticos escasean, los profesionales de salud se están contagiando, los recursos del Estado no alcanzan y las medidas para aumentar la recaudación no cuentan con los acuerdos políticos necesarios. Además, el sostenimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio afecta con dureza a quienes están en los márgenes de la sociedad, en situación de pobreza o de inestabilidad económica, a quienes sufren las consecuencias del encierro, ya sea por la reducción de tratamientos psicológicos y por el incremento de la violencia doméstica, y las aguas están divididas en torno a los efectos de esta situación para la salud psíquica de la infancia.
Dentro de los escenarios posibles que tendremos que sortear en la salida de la pandemia, espero que nos encuentre con lazos de solidaridad más sólidos y que en las decisiones políticas prime la importancia de sostener un sistema de salud público que ofrezca sus servicios de manera universal y gratuita. Esto implica que todo ciudadano tenga derecho a recibir una cobertura básica y, de esta forma reforzar el rasgo distintivo del sistema de salud argentino. La salud pública no es una cuestión individual o que puede ser regulada por la lógica del libre funcionamiento del mercado. La atención de la salud es diferente de casi todos los demás bienes y servicios y por ello debe basarse en la existencia de un derecho para todas las personas. Sólo el Estado está en condiciones de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la salud por parte de la mayoría de la población y de ocuparse responsablemente de la fiscalización y de la regulación de las acciones de interés público dirigidas a asegurar la protección de la salud colectiva.
Como citar este texto: RAMACCIOTTI, Karina. Un hito importante en la trayectoria profesional. In: Revista História, Ciências, Saúde – Manguinhos (Blog). Publicado em 28 abr. 2020. Acesss [date].
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