Capitalizar la catástrofe, estatizar los costos: los éxitos de Chile y sus sombras

Sección especial: Coronavirus and History

Marcelo Sánchez Delgado, Universidad de Chile

En América Latina la pandemia de Covid-19 está siendo enfrentada en el marco de soberanías nacionales entre las que no existe coordinación alguna y con estrategias que van desde la cuarentena total a la indiferencia criminal. Cuando ocurra la apertura de las fronteras terrestres y del espacio aéreo es posible que esta diversidad estratégica acabe en conflictos y repartición de culpas.

Marcelo Sánchez Delgado es historiador y académico del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos CECLA de la Universidad de Chile. Sus temas de investigación están en el marco de la historia de la eugenesia, del darwinismo y de la medicina en Chile. Es el editor de Meridional Revista Chilena de Estudios Latinoamericanos.

Veamos el caso de Chile. Una articulación relativamente estable entre el Ministerio de Salud con las autoridades municipales se ha forjado a través de un camino inusitadamente largo ante la inminencia del brote y la evidencia consumada de su letalidad en el sur de Europa.

Por ejemplo, el Ministro de Salud, Sr. Jaime Mañalich, hasta hace no poco tiempo denunciaba como una medida fanática la suspensión de las clases escolares prácticamente en el mismo momento en que las municipalidades imploraban a través de los medios la entrada en vigencia de medidas drásticas de aislamiento. Luego, asistimos a un enfrentamiento directo entre la autoridad política en materia sanitaria y la directiva del Colegio Médico de Chile, especialmente a través de la voz de su directora, la médica Izkia Siches.

Los controles sanitarios en los aeropuertos fueron muy débiles y las medidas de algunas autoridades municipales y de mandos medios de la administración resultaban vacilantes y contradictorias hasta la llegada del paciente cero al país y que sobreviniera lo que ya se sabía cabalmente: alta contagiosidad, diversidad de manifestaciones clínicas y letalidad progresiva ante comorbilidades y vejez.

En este punto el tono y la estrategia de la autoridad política cambió: se decretó toque de queda nacional entre las 22:00 horas y las 05:00, se instalaron cordones sanitarios alrededor de los centros urbanos más afectados y se dio paso a las llamadas cuarentenas dinámicas. Ante el aumento de contagios y de hospitalizaciones surgió el claro temor a la escasez de respiradores artificiales y la falta a atención sanitaria para la población.

Nuevamente el tono de la autoridad cambió, esta vez hacia un gesto administrativo inusitado en el modelo neoliberal imperante. El Ministerio de Salud tomó un control centralizado de las camas y de los aparatos de respiración mecánica disponibles tanto en los hospitales públicos como en las clínicas privadas. Pero esto llama a engaño en alguna medida, ya que no puede ser lo mismo contabilizar y administrar recursos ante una emergencia, que realizar con todo su sentido una política de salud pública. Y sin embargo, ante todo este panorama conflictivo y con una crisis social bullendo en el imaginario colectivo desde el mes de octubre de 2019, la gestión de la epidemia de Covid-19 en Chile va tomando ribetes de éxito. Si bien se llama ahora a evitar el triunfalismo y a persistir en las medidas de aislamiento social, todo parece indicar que Chile va logrando aplanar la curva, mantener a los servicios sanitarios activos, pero no totalmente saturados y gestionar eficazmente el brote.

Así, la autoridad política, un gobierno de derecha, va logrando capitalizar – hasta aquí – el redito político de lograr manejar el brote epidémico en un nivel asimilable para la población. La alicaída valoración positiva del gobernante va mejorando un poco con cada semana. Pensemos ahora, brevemente, bajo qué circunstancias, en mi humilde opinión, ocurre esto.

Primero, las voces disidentes de alcaldes, del Colegio Médico y las universidades fueron incorporadas a través de un Consejo Social Covid-19, dentro del cual pueden hacer oír su voz con diferente grado de recepción a sus propuestas.

Segundo, las consecuencias económicas de las estrategias de control de la epidemia serán financiadas por el Estado con una especial preocupación por las grandes empresas que verán subvencionada su relación laboral con los trabajadores y trabajadoras. En la cuna del neoliberalismo será el Estado y la deuda pública el principal soporte de la crisis económica. Todos los costos están siendo estatizados en el caso de las grandes empresas, mientras se dan alternativas mucho más débiles para los pequeños comercios.

Tercero, a pesar de la agresiva política de recorte al presupuesto fiscal que desde 1973 afectó a los servicios públicos chilenos y cuya recuperación en tiempo democráticos (desde 1989 a la fecha) ha sido muy lenta y vacilante, persiste todavía una red asistencial pública de gran eficiencia clínica. Recordemos que en 1952 se creó en Chile el primer Ministerio de Salud totalmente estatal sin aporte de la caridad privada y con un Servicio Nacional de Salud de presencia territorial y con programas de carácter integral. El Servicio Nacional de Salud recogió y profundizó la tarea de prevención y atención sanitaria de la Caja del Seguro Obrero Obligatorio fundada en 1924, de la ley de Medicina Preventiva de 1938, de la Dirección General de Sanidad que ya desde 1918 venía trabajando para la prevención de las epidemias, la sífilis, la tuberculosis y el buen estado sanitario de la nación; es decir, el Servicio Nacional de Salud recogió en forma muy consciente la tradición local de Medicina Social y durante un poco más de 20 años intentó profundizarla a través de programas que a fines de la década de 1960 incluían la planificación familiar, una ley de salud curativa, salud mental, prevención del alcoholismo, ley de accidentes del trabajo, entre otras áreas en que desplegaba su acción.

Todo este sistema comenzó a ser demolido conscientemente en la década de 1980 en el contexto del giro neoliberal de la dictadura militar a través de la eliminación de las instituciones que le daban dimensión nacional y operatividad, como el Consejo Nacional de Salud, el Servicio Nacional de Salud y el Servicio Médico Nacional, entre otras. La ideología neoliberal impuso un Fondo Nacional de Salud (FONASA) para quienes quisieran permanecer en la esfera de atención pública y un intermediario financiero en salud para los sectores de mayores ingresos, las llamadas Isapres (Instituciones de Salud Previsional). En otro golpe radical a la salud pública, el Estado se deshizo de su responsabilidad en atención primaria y la delegó a las municipalidades.

Sin embargo, conviviendo con sus grandes defectos actuales, en las ruinas del sistema público de salud chileno persiste una cultura de servicio público y de excelencia en la práctica clínica, que parece revitalizarse ante la urgencia actual.

En torno a la sensación y relato del éxito hay algunas sombras. No pocos medios y fuentes presentan argumentos que llevan a desconfiar de la transparencia de las cifras que entrega la autoridad sanitaria, tanto en relación a la disponibilidad de respiradores mecánicos como a la de contagiados. Poco o nada sabemos de la forma en que la población migrante, especialmente los ciudadanos y ciudadanas de origen haitiano, están enfrentando y sufriendo la pandemia. Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha denunciado las pésimas condiciones higiénicas de las cárceles chilenas, ya sumidas en un hacinamiento crónico hace décadas.

Como ya lo decía Georges Vigarello, parece haberse acentuado en la actualidad la tendencia a construir una narrativa alarmante y catastrófica de distinto tipo de males para poder conjurarlos. El gobierno de derecha encabezado por Sebastián Piñera, luego de las primeras vacilaciones alterna un relato en que magnifica la catástrofe con otro de prudencia y llamados a la responsabilidad. Mientras se capitaliza la catástrofe, se estatizan los costos y desde muchos sectores surge la idea de re pensar el rol de lo público en salud, pasada la tormenta.

Las instituciones privadas de salud se han sumado solo a través de una coacción directa en estado de emergencia y pasado el evento volverán a lucrar y a defender un sistema con diferentes tipos de atención sanitaria para diferentes capacidades de pago. Tras el estallido social de octubre, la posibilidad y esperanza de cambios al sistema neoliberal imperante estaban asociadas a un plebiscito que aprobaría o no el paso a la redacción de una nueva constitución y que iba a realizarse a fines de abril y que ya fue desplazado para fines del 2020. No sabemos cuando y de que manera podremos llegar a dar por superada la expresión local de la pandemia ni tampoco cuál será el estado anímico, mental y político con que los ciudadanos y ciudadanas vuelvan a sentir y nombrar como una vida normal.

Como citar este texto:

Lea en la sección especial de Manguinhos: Coronavirus and History:

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